El diputado de Encuentro Federal planteó analizar las atribuciones parlamentarias frente a decisiones judiciales de alto impacto institucional y cuestionó aspectos del proceso que derivó en la condena de la ex mandataria.

El diputado nacional Miguel Pichetto reclamó abrir un debate en el Congreso sobre la posibilidad de revisar o declarar la nulidad del fallo que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. El planteo fue realizado durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de la ex presidenta.

Durante su exposición, el legislador sostuvo que el Congreso cuenta con facultades para intervenir en situaciones que considere de gravedad institucional y propuso analizar en profundidad el alcance de esas atribuciones. En ese marco, mencionó experiencias internacionales en las que el Poder Legislativo impulsó modificaciones sobre decisiones judiciales vinculadas a dirigentes políticos.

Pichetto expresó su preocupación por el impacto institucional que, a su entender, implica la situación judicial de una dirigente que ocupó la Presidencia en dos oportunidades y la Vicepresidencia de la Nación. Además, consideró que determinados aspectos del proceso merecen una revisión desde el punto de vista jurídico y político.

Entre sus cuestionamientos, señaló presuntas irregularidades vinculadas con la integración del tribunal, la actuación de la fiscalía y las instancias de revisión judicial. También sostuvo que existieron elementos que podrían haber afectado el derecho de defensa y el principio de imparcialidad durante el trámite de la causa.

El diputado argumentó que la relación previa entre la ex mandataria y los integrantes de la Corte Suprema, en el marco de intentos de juicio político impulsados desde el kirchnerismo, podría haber generado dudas sobre la objetividad del máximo tribunal al momento de resolver el expediente.

Al concluir, Pichetto afirmó que el debate debe centrarse en las garantías constitucionales y en la preservación del debido proceso. Según sostuvo, existen aspectos relacionados con la conformación del tribunal, la actuación de magistrados y fiscales y el ejercicio pleno del derecho de defensa que justifican una discusión institucional más amplia sobre el caso.