La entidad que reúne a las principales empresas del sector consideró positiva la medida oficial, aunque advirtió que no reemplaza la discusión de una nueva Ley de Semillas.

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) expresó su respaldo a la nueva normativa que establece un protocolo para realizar controles de identidad varietal en granos, al considerar que aporta mayor previsibilidad al sector y fortalece la protección de la propiedad intelectual de las semillas.

Desde la entidad señalaron que la resolución firmada por las autoridades de Agricultura y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) formaliza mecanismos de verificación que ya eran aplicados por empresas y productores a través de acuerdos privados, por lo que no implica cambios operativos significativos para la actividad.

La medida establece que las muestras serán tomadas en los puntos de entrega registrados dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y que los análisis podrán realizarse mediante tecnologías homologadas por el INASE, incluyendo herramientas basadas en inteligencia artificial.

En caso de detectarse inconsistencias entre el material entregado y las variedades registradas, la normativa prevé una instancia de negociación entre el productor y el titular de la genética, mientras que la intervención del organismo estatal quedará reservada para situaciones en las que no exista acuerdo entre las partes.

El sector sostiene que una mayor protección de la innovación genética podría contribuir a incrementar la inversión y reducir la brecha tecnológica respecto de otros países de la región. En ese sentido, destacan que cultivos como la soja y el trigo presentan dificultades para recuperar inversiones debido a la posibilidad de reutilizar semillas en campañas sucesivas.

Pese al aval otorgado a la iniciativa, la ASA remarcó que la medida constituye apenas un paso inicial y reiteró la necesidad de avanzar en una reforma integral de la Ley de Semillas. El debate incluye la posible adecuación de la legislación argentina a estándares internacionales de protección de obtenciones vegetales, un punto que genera posiciones enfrentadas entre empresas semilleras y entidades representativas de los productores agropecuarios.