La iniciativa busca eliminar una exención prevista en el Código Penal para que familiares y personas cercanas puedan ser responsabilizados cuando participen activamente en maniobras destinadas a garantizar la impunidad de los autores.

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para que familiares, convivientes, amigos íntimos y otras personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando intervengan de manera activa en el encubrimiento de femicidios.

La iniciativa apunta a eliminar la denominada “excusa absolutoria familiar” en aquellos casos en los que exista una participación deliberada destinada a obstaculizar la investigación judicial o favorecer la impunidad del autor del crimen. Actualmente, la legislación contempla exenciones de responsabilidad para determinados vínculos familiares y afectivos.

Según el proyecto, la reforma no alcanzará a quienes opten por el silencio, se abstengan de declarar o decidan no denunciar a un familiar o allegado. En cambio, busca sancionar conductas concretas como la destrucción u ocultamiento de pruebas, la alteración de la escena del crimen o el suministro de información falsa a la Justicia.

En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que la protección de los vínculos familiares no debe impedir que el Estado investigue y sancione adecuadamente delitos de extrema gravedad vinculados con la violencia de género. El texto argumenta que, cuando existe una colaboración activa para ocultar un femicidio, corresponde la intervención del derecho penal.

El proyecto también plantea que la normativa vigente presenta una contradicción, ya que si bien la figura del femicidio fue incorporada al Código Penal para reconocer la gravedad específica de estos crímenes, subsisten mecanismos que podrían favorecer situaciones de impunidad para quienes colaboren con el encubrimiento.

Además, la propuesta busca adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales que obligan a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera efectiva.