La iniciativa propone crear un Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública con alcance sobre los tres poderes del Estado y mecanismos de prevención de la corrupción.

Mientras en la Cámara de Diputados comenzó el debate sobre el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, el Frente Renovador presentó una propuesta alternativa que amplía el alcance de las normas de transparencia y control en la función pública.

El proyecto, impulsado por el diputado nacional Sebastián Galmarini y acompañado por legisladores de Unión por la Patria, plantea la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública que abarque al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público.

La iniciativa busca reemplazar un enfoque centrado exclusivamente en la sanción de hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en mecanismos de transparencia, control, detección temprana de irregularidades y rendición de cuentas.

Entre los principales puntos, establece un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses para funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos de control, empresas públicas y fuerzas de seguridad. La información deberá ser pública y accesible a través de plataformas digitales.

Además, incorpora regulaciones específicas sobre conflictos de intereses, medidas contra el nepotismo y restricciones para la denominada “puerta giratoria”, con el objetivo de evitar que ex funcionarios pasen a desempeñarse en actividades privadas vinculadas con áreas que anteriormente supervisaban desde el Estado. Según sus impulsores, la propuesta apunta a actualizar la legislación vigente y fortalecer los estándares de integridad institucional.