Impulsa un dictamen para autorizar el desembolso de US$ 171 millones y evitar la reactivación de litigios en tribunales internacionales.

El gobierno acelera en el Senado de la Nación Argentina el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el pago de 171 millones de dólares a acreedores externos con sentencia favorable contra la Argentina. La intención es emitir dictamen la próxima semana y enviar una señal de cumplimiento antes del vencimiento de los acuerdos.

La iniciativa será debatida en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, en un contexto de urgencia marcado por el plazo límite del 30 de abril. Si no se aprueba la ley antes de esa fecha, podrían caerse los entendimientos alcanzados y reactivarse litigios en condiciones más desfavorables.

El proyecto contempla la cancelación de compromisos con Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, acreedores que no ingresaron a los acuerdos de reestructuración anteriores y mantienen demandas desde la crisis de 2001.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es cerrar definitivamente estos conflictos judiciales, incluyendo causas abiertas en tribunales de Estados Unidos, y evitar nuevos embargos sobre activos argentinos en el exterior.

Además, remarcan que el entendimiento alcanzado implica una reducción superior al 30% sobre los montos reclamados, lo que permitiría cancelar las obligaciones en condiciones más favorables que las que surgirían de una eventual ejecución judicial con acumulación de intereses.

El esquema prevé pagos por 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones al grupo de Attestor, en una operación simultánea que apunta a extinguir las deudas y dar por finalizados los reclamos, en un paso que el gobierno considera clave para normalizar la situación financiera internacional.