El proyecto busca impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia y forma parte de una reforma electoral más amplia.

El gobierno nacional impulsa la incorporación de la llamada “Ficha Limpia” dentro de un proyecto de reforma electoral que será enviado al Congreso. La iniciativa apunta a impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos.

El eje central de la propuesta es la inhabilitación para integrar listas electorales de quienes tengan condenas por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Según el texto, la restricción se aplicará únicamente cuando la condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. De esta manera, se busca evitar que fallos recientes interfieran directamente en el proceso electoral en curso.

En caso de que la confirmación de la condena ocurra después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación recién tendrá efecto una vez finalizados los comicios, por lo que el dirigente podrá participar de esa elección puntual.

Además de impedir candidaturas, el proyecto también establece que estas personas no podrán ser designadas en cargos clave dentro de la administración pública, como ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados o directores de empresas con participación estatal.

Como parte del esquema, se prevé la creación de un registro público a cargo de la justicia electoral, donde se consignarán las condenas confirmadas en segunda instancia. La medida se inscribe en una reforma más amplia que también incluye cambios en el financiamiento de la política y el debate sobre la continuidad de las primarias.