El Senado provincial sancionó la norma con 16 votos a favor y tres ausencias. La medida modifica el Código de Convivencia y establece multas, trabajo comunitario y arrestos según la infracción.

El Senado de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública, luego de reunir 16 votos a favor y tres ausencias. La iniciativa obtuvo los dos tercios necesarios para ratificar la sanción de la Cámara de origen y modifica el Código de Convivencia de la provincia.

La normativa incorpora nuevos artículos que sancionan a quienes ofrezcan espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública sin autorización, cuando esa actividad esté prohibida por las normas locales. Para su aplicación, cada municipio deberá adherir a la ley.

Entre las sanciones previstas figura la posibilidad de cumplir determinadas penas mediante trabajos comunitarios de entre dos y diez días, además de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción. En casos de reincidencia, se contempla un arresto de entre 10 y 20 días, mientras que las penas podrán duplicarse cuando existan amenazas o violencia contra personas o bienes.

La prohibición tendrá aplicación en zonas de estacionamiento tarifado o administradas por organismos autorizados y en las inmediaciones de eventos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras durante las dos horas previas y la hora posterior. También se contemplan agravantes vinculados con situaciones de vulnerabilidad, edad, discapacidad o desigualdad de género, además de la actividad nocturna y los sectores escolares, bancarios, comerciales y edificios públicos.

La norma incorpora además la figura de organización criminal cuando exista un acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar la actividad, con penas de entre 10 y 20 días de detención. Si se identifican organizadores, coordinadores o responsables, las sanciones podrán incrementarse hasta cuatro veces respecto de los mínimos y máximos establecidos.

Los municipios serán los encargados de intervenir como actores contravencionales, mientras que la Policía podrá ser convocada por cada distrito a través del Ministerio correspondiente para hacer cesar la infracción y retirar a quienes incumplan la normativa. La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones dependerá de la adhesión de cada municipio.