El oficialismo busca incorporar restricciones al proyecto para impedir que quienes ejercen o hayan ejercido determinados cargos públicos accedan a las presunciones y efectos liberatorios del nuevo régimen. La modificación es parte de las conversaciones para conseguir apoyo en Diputados.

El Gobierno nacional negocia cambios al proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que funcionarios públicos puedan acceder a algunos de los beneficios centrales del régimen. La modificación surgió durante las conversaciones que el oficialismo mantiene con bloques aliados en la Cámara de Diputados.

La propuesta permitiría que los funcionarios utilicen el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero establecería que queden excluidos de las presunciones y los efectos liberatorios contemplados en la iniciativa. El objetivo es diferenciar su tratamiento del que recibirán los contribuyentes en general.

El proyecto original no incluía una restricción específica para quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos. La discusión cobró mayor relevancia después de los cuestionamientos que involucraron al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada.

Las modificaciones son analizadas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal y forman parte de las negociaciones con los sectores dialoguistas. Uno de los puntos bajo análisis es establecer limitaciones también para funcionarios que hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años, especialmente respecto de mecanismos destinados a exteriorizar o justificar fondos que no hubieran sido declarados previamente.

La iniciativa busca modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema. Para avanzar, el oficialismo también evalúa cambios en las condiciones de acceso al régimen y en los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA.

El tratamiento parlamentario dependerá del consenso que pueda alcanzar el oficialismo antes de buscar dictamen. La exclusión de los funcionarios de los beneficios más sensibles aparece así como uno de los puntos centrales de la negociación, mientras continúan las conversaciones para definir el texto que finalmente llegará al recinto.