El jefe de Gobierno porteño sostuvo que la decisión política es clave para combatir las usurpaciones y consideró que una normativa nacional contribuirá a reforzar las herramientas contra las ocupaciones ilegales.

Jorge Macri respaldó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y aseguró que la Ciudad de Buenos Aires recuperó 901 viviendas que habían sido ocupadas ilegalmente durante los últimos años. El jefe de Gobierno porteño consideró que una eventual ley nacional permitirá fortalecer las acciones contra las usurpaciones.

Macri señaló que el combate contra las ocupaciones requiere decisión política y destacó que las autoridades deben intervenir para garantizar el derecho a la propiedad. Como ejemplo, mencionó el último inmueble recuperado, donde, según explicó, funcionaba un taller ilegal y se alquilaban habitaciones.

El jefe de Gobierno también vinculó las viviendas usurpadas con otros problemas de seguridad y afirmó que en esos lugares pueden proliferar actividades delictivas y vinculadas con la venta de drogas. En ese sentido, sostuvo que las consecuencias de una ocupación pueden extenderse al resto de los barrios afectados.

Al referirse a los incidentes registrados el jueves durante la manifestación contra el proyecto que se debatía en el Senado, Macri defendió el operativo policial y afirmó que la movilización no había sido pacífica. Según su interpretación, las agresiones contra efectivos de seguridad y los daños en el espacio público justificaron la intervención de las fuerzas.

El funcionario también cuestionó a los manifestantes detenidos durante este tipo de protestas y reclamó una aplicación efectiva de las normas. En esa línea, sostuvo que quienes agreden a policías o provocan daños deben afrontar consecuencias y defendió las medidas adoptadas por su administración contra los denominados trapitos.

Macri afirmó que hacer cumplir la ley constituye una responsabilidad central del Estado y planteó que la Ciudad debe preservar el orden público para garantizar la convivencia. También cuestionó a sectores políticos y sociales de otras jurisdicciones a los que acusó de trasladar sus conflictos hacia Buenos Aires y ratificó su postura de reforzar las políticas de seguridad.