Especialistas y representantes del sector naviero advierten que una apertura sin controles podría afectar una actividad considerada clave para la soberanía logística del país, aunque coinciden en la necesidad de modernizar el sistema.

La propuesta de desregulación del cabotaje naviero impulsada por el gobierno abrió un debate sobre el futuro de la marina mercante argentina. Mientras desde el oficialismo plantean la necesidad de reducir costos y mejorar la competitividad, sectores vinculados al transporte marítimo alertan sobre posibles riesgos estratégicos.

Los especialistas sostienen que una mayor participación de operadores extranjeros podría generar efectos de largo plazo si no se establecen mecanismos de control, reciprocidad y seguridad. En ese sentido, señalan que la discusión no se limita al precio de los fletes, sino también al control de infraestructura logística, puertos y rutas comerciales consideradas estratégicas.

Desde la Liga Naval Argentina cuestionaron especialmente una posible desregulación del practicaje, una actividad vinculada al asesoramiento que brindan profesionales de la navegación a los capitanes de buques extranjeros que ingresan a los ríos argentinos. Según advirtieron, cambios sin un marco adecuado podrían afectar la seguridad operativa.

El debate también incorpora la creciente presencia de China en el ámbito marítimo internacional. Especialistas mencionan el avance de empresas estatales del país asiático en puertos e infraestructura regional como un factor que obliga a analizar el origen de los capitales y el posible uso estratégico de determinadas inversiones.

En paralelo, representantes de la Federación de Empresas Navieras Argentinas reclamaron que cualquier modificación del régimen forme parte de una reforma logística integral. Aunque reconocen la necesidad de bajar costos, ampliar inversiones y eliminar trabas burocráticas, consideran que la apertura del cabotaje por sí sola no resolverá los problemas estructurales del sector.

Desde el ámbito naviero remarcaron que numerosos países mantienen reservas sobre el transporte interno por considerar a la marina mercante un activo estratégico. Por ese motivo, pidieron que una eventual reforma contemple aspectos laborales, fiscales, portuarios y de seguridad para evitar una mayor dependencia de operadores internacionales.