La Policía Ambiental es un organismo mendocino dedicado a monitorear la actividad minera en la región y su impacto en el ecosistema de la provincia. En este sentido, sus autoridades recientemente han ordenado el cese de una mina en San Rafael y una planta en Maipú que no cumplían con la ley 7.722.

La Policía Ambiental de Mendoza volvió a tomar protagonismo tras ordenar el cese de actividades de una mina en San Rafael que operaba de manera incorrecta y no cumplía con la normativa vigente. El organismo, dedicado a monitorear la actividad minera y su impacto en el ecosistema provincial, actuó en el marco de su función de control y fiscalización para garantizar que el desarrollo extractivo se realice dentro de los límites que establece la ley.

Según se informó, la intervención se dio luego de detectar irregularidades vinculadas al incumplimiento de la ley 7.722, una norma central en la política ambiental mendocina. Esta legislación exige controles rigurosos y establece condiciones estrictas para evitar daños ambientales, por lo que cualquier actividad minera que no se ajuste a esos parámetros puede ser suspendida de forma inmediata para prevenir riesgos sobre el territorio y la salud pública.

Además del caso en San Rafael, las autoridades también ordenaron el cese de una planta ubicada en Maipú, que se encontraba en una situación similar: no respetaba los requisitos establecidos y operaba fuera del marco legal. La doble decisión refuerza el mensaje de que Mendoza busca sostener un modelo de minería controlada, donde no haya margen para prácticas irregulares o actividades que puedan afectar el ambiente.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos operativos son parte de controles permanentes y buscan dar señales claras a la industria: el desarrollo minero solo es posible si se respetan las reglas. Con acciones concretas como estas, la Policía Ambiental se posiciona como una herramienta clave para hacer cumplir la ley 7.722 y proteger los recursos naturales de la provincia.